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Ley de procedimiento administrativo

¡Escribe tu texto aquí!TEMA 3. JURISDICCIÓN (II)


Artículo 117 CE.
2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados
sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.
→ Inamovilidad, como parte de la garantía. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados,
suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la
ley.
3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por
las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
→ Exclusividad. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las
leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los
Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente
castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
→ Unidad jurisdiccional. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y
funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito
estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la
Constitución.
Extensión y límites de la jurisdicción española
Art. 21 LOPJ:
1. Los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio
español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que
España sea parte, en las normas de la Uníón Europea y en las leyes españolas. Ppo de
territorialidad.
2. No obstante, no conocerán de las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que
gocen de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de conformidad con la legislación española y
las normas de Derecho Internacional Público.
La jurisdicción consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, poder que se atribuye a los órganos
jurisdiccionales. Hasta dónde alcanza el poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado de los tribunal de
nuestro país (CE). LOPJ art
21-25 determinan los límites de la jurisdicción española. Es un problema de
jurisdicción. Si el problema se da dentro de nuestro país, es un problema de competencia. Es un
problema que suscita a la hora de determinar el alcance, la proyección del poder que se le atribuye por
ley a nuestros tribunales. Si excede más allá de nuestras fronteras, ¿tienen poder de juzgar y hacer
ejecutar nuestros tribunales? Son competencias de los tribunales. En principio hay una regla general
para solucionar, es el principio de territorialidad.
Los Tribunales Españoles conocerán las pretensiones que se hayan suscitado en territorio español.
Para ello, la cuestión se aborda desde cada uno de los órdenes jurisdiccionales. Arts 22 civil, 23 penal,
24 contencioso-administrativo y 25 social. Estos artículos dan un paso más que el principio de
territorialidad y van estableciendo el tipo de controversia y a continuación solucionan el problema de
extensión y límites de la jurisdicción. Establece un punto de conexión que sí se da, lo conocen los
Tribunales Españoles. Si no se da, los tribunales no tienen jurisdicción. Ej: declaración de ausencia o
fallecimiento. Art 22 bis. Tendrán jurisdicción los Tribunales Españoles si a); el punto de conexión es
haber tenido como último domicilio en España, la persona puede ser extranjera, solo necesita el punto
de conexión. Supone un desarrollo del principio de territorialidad.
Art. 23: Orden Penal.
1. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y
faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin
perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte.
2. También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio
nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran

adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los
siguientes requisitos:
3. Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del
territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de
los siguientes delitos:
4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por
españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española,
como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas:
Art. 24: Orden contencioso-administrativo.
En el orden contencioso-administrativo será competente, en todo caso, la jurisdicción española cuando
la pretensión que se deduzca se refiera a disposiciones de carácter general o a actos de las
Administraciones Públicas españolas. Asimismo, conocerá de las que se deduzcan en relación con
actos de los poderes públicos españoles, de acuerdo con lo que dispongan las leyes.
Hace falta algún acto de una Administración Pública española.
Art 25: Orden social.
1.O En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, cuando los servicios se
hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español; cuando el demandado
tenga su domicilio en territorio español o una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra
representación en España; cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española,
cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o de celebración del contrato; y, además, en el
caso de contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por trabajador
español.
2.O En materia de control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo celebrados en España y de
pretensiones derivadas de conflictos colectivos de trabajo promovidos en territorio español.
3.O En materia de pretensiones de Seguridad Social frente a entidades españolas o que tengan
domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en España.
La justicia universal es la jurisdicción de nuestros tribunales para perseguir hechos delictivos
cometidos fuera de nuestro territorio por ciudadanos que no son ni siquiera españoles, incluso contra
ciudadanos que no son españoles. España solo podrá conocer cuando un español ande de por medio.
Si se investiga en el país de origen, España sí puede estudiarlo. Si queda impune, España puede
intervenir.

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