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Clasificación de las actuaciones judiciales

Los actos procesales: clases


Los actos procesales son actos jurídicos de las partes y del órgano jurisdiccional que producen sus efectos principales, de modo directo o inmediato, en el proceso.
A diferencia de otros actos jurídicos, el acto procesal no tiene sentido como un acto aislado, sino que hay que tomarlo en consideración en cuanto que forma parte de un conjunto de actos que constituyen el proceso. Estos actos están coordinados.

Clases de actos procesales:



a)Según su función en el proceso; los actos pueden clasificarse en actos de iniciación del proceso, actos de desarrollo y actos de conclusión, según provoquen el nacimiento del proceso, produzcan su desenvolvimiento o causen su terminación.
b)según su contenido, los actos se pueden clasificar en declaraciones de conocimiento (un saber, conocimiento o ciencia), declaraciones de voluntad(actos en los que se expresa un querer) y manifestaciones de voluntad (actos constituidos por conductas que patentizan un querer o voluntad determinados)
c)Pero la clasificación de mayor trascendencia es la que, según el origen del acto (esto es, según quien sea el sujeto que lo realiza), distingue entre actos procesales de las partes y actos del órgano jurisdiccional.

Requisitos de los actos procesales


Para que un acto procesal llegue a producir los efectos que le son propios, debe cumplir unas exigencias legales o requisitos de eficacia, recogidos en los arts. 129 y ss. LEC.
Los presupuestos procesales son aquellas circunstancias de validez del proceso, de las que depende la eficacia del procedimiento en su conjunto, condicionando que se pueda dictar una resolución sobre el fondo
Los requisitos de los actos procesales, por su parte, son aquellas exigencias que la Ley impone a cada acto concreto si se quiere que este alcance la eficacia que le es propia 
La Doctrina y los arts. 129 y ss. LEC distinguen entre requisitos de lugar, de tiempo y de forma de los actos procesales:
A)

Requisitos de lugar

El art. 129 LEC prevé que las actuaciones del juicio se realizarán en la sede de la Oficina judicial, a no ser que, por la naturaleza propia de esa concreta actuación, tenga que realizarse fuera de la sede del órgano jurisdiccional (en ese caso el tribunal podrá desplazarse para la práctica de las actuaciones o bien podrá recurrir al auxilio judicial).
Con relación a las actuaciones judiciales que se hayan de practicar en el extranjero, se estará frente a lo establecido en los tratados y en la legislación interna de cooperación judicial internacional.
B)

Requisitos de tiempo

Se han de examinar bajo un doble aspecto:
-Por una parte, la LEC prevé que las actuaciones judiciales han de practicarse en días y horas hábiles. (Son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y 31 de Diciembre, los días de fiesta nacional y los días festivos a efectos laborales en la respectiva CCAA o localidad y los días del mes de Agosto. Se entiende por horas hábiles las que transcurren desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, salvo que la ley disponga otra cosa. Para los actos de comunicación y de ejecución se consideran horas hábiles las que transcurren desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche).
En cualquier caso, por circunstancias de urgencia (esto es, cuando la demora pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia), se podrán practicar actuaciones judiciales los días del mes de Agosto, o las horas inhábiles; incluso, mediante habilitación del tribunal, se podrán habilitar otros días inhábiles.
-Pero por otra parte, además de la exigencia comentada, para que un acto procesal sea eficaz ha de ser realizado dentro del marco temporal legalmente previsto. Además, puesto que el proceso se configura como una serie de actos que se desarrollan en el tiempo de forma ordenada, la norma ha de establecer el momento o el periodo de tiempo en el que deberá realizarse ese acto procesal, pudiendo ser el acto ineficaz si no se realiza en el término o plazo legalmente previsto (principio de preclusión).
Hay que tener en cuenta que las consecuencias jurídicas de la preclusión del acto en el caso de no realizarse en el tiempo legal fijado sólo cuenta para los actos de las partes. En relación a los actos del órgano jurisdiccional, a pesar de que la Ley prevé que habrán de realizarse “en el tiempo establecido”, lo cierto es que su incumplimiento no origina la ineficacia del acto, sino sólo una corrección disciplinaria.
En cuanto a la forma de computar los plazos procesales, en principio los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo, y se contarán en ellos el día del vencimiento, que expirará a las 24 horas; pero si el plazo concluyera en sábado, domingo u otro día inhábil, se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil, y puesto que la nueva Ley no permite en los asuntos civiles la presentación de escritos en el Juzgado de Guardia, el escrito podrá presentarse en la Secretaria del tribunal hasta las 15h. Del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.
Si la Ley fija el plazo por meses o por años, se computan de fecha a fecha; y si lo fija por días, hay que tener en cuenta que se excluyen del cómputo los días inhábiles.
Puesto que en la actualidad se apuesta por la completa implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia, se establece la obligatoriedad de emplear por los sujetos intervinientes en el proceso los sistemas telemáticos o electrónicos existentes, por lo que remitirán y recibirán los escritos y demás documentos a través de estos sistemas, de forma que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia de la remisión y recepción, así como de la fecha en que se hicieren. Los escritos y documentos en formato electrónico se podrán presentar durante todos los días del año y durante las 24h. Sólo cuando no fuera posible, el documento o escrito presentado en papel podrá presentarse en la oficina judicial hasta las 15h del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. En el proceso civil no podrán presentarse documentos y escritos en el Juzgado de Guardia.
C)

Requisitos de forma

-la forma que reviste un acto procesal puede ser oral o escrita. Si los actos se desarrollan de forma oral, habrán de documentarse en los autos mediante las oportunas actas y diligencias del Secretario judicial bajo sanción de nulidad.
Cabe mencionar que la nueva Ley procesal recoge la posibilidad de emplear medios técnicos de documentación y archivo de las actuaciones; así como la grabación y reproducción de las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias. Cuando se utilicen estos medios técnicos, el Secretario Judicial garantizará su autenticidad; y si el secretario Judicial dispusiere de firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que garantice la autenticidad e integridad de lo grabado, el documento electrónico así generado constituirá el acta a todos los efectos. El Secretario custodiará este documento electrónico; y las partes podrán pedir copia de las grabaciones originales.
-En cuanto al idioma que ha de emplearse en las actuaciones judiciales, como regla general, el castellano es el idioma que se usará en las actuaciones procesales, no obstante los Juzgados y Tribunales situados en una CCAA con lengua oficial podrán usar la lengua oficial de esa Comunidad, siempre que una de las partes no se oponga alegando desconocimiento de esa lengua que pueda producir indefensión.
Del mismo modo, las partes, procuradores, abogaos y testigos podrán también utilizar en las actuaciones procesales la lengua propia de la CCAA, teniendo plena validez y eficacia sin necesidad de traducción al castellano; pero se procederá de oficio a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos de la CCAA, o cuando la parte alegue indefensión.
Por supuesto, si el idioma empleado fuere una lengua extranjera, se utilizará un intérprete; y si el documento estuviere redactado en idioma extranjero deberá ir acompañado de su traducción.
-La Ley prevé que las actuaciones orales habrán de realizarse en presencia de los Jueces y Magistrados integrantes del tribunal que conozca del asunto (principio de inmediación), con la sanción de nulidad de pleno derecho para la violación de este requisito de inmediación judicial.
También se producirá la nulidad del acto por falta de inmediación respecto de aquellas actuaciones que hayan de realizarse únicamente ante el Secretario.
-Las actuaciones orales se practicarán en audiencia pública (principio de publicidad de las actuaciones). Sin embargo, por excepción, si el tribunal lo acuerda, podrán celebrarse a puerta cerrada cuando sea necesario para proteger el orden público, la seguridad nacional, los intereses de los menores o la vida privada de las partes.

Ineficacia de los actos procesales


1.Consideraciones generales.
Si no se cumplen los requisitos legales establecidos para el acto de que se trate, ese acto es ineficaz, en el sentido de que no produce los efectos que le son propios. El grado de ineficacia depende de la entidad del vicio del que adolece el acto. De esta manera, el incumplimiento de los requisitos legales puede provocar la nulidad del acto, su anulabilidad o su mera irregularidad;
Con consecuencias procesales diversas.
El estudio de los diversos grados de ineficacia de los actos procesales y de las consecuencias jurídicas que aquella acarrea es de los más complejos. Por ello, antes de examinar los fenómenos de nulidad, anulabilidad o irregularidad de los actos procesales, conviene comentar unas consideraciones generales:
-La primera de ellas es la dificultad de aplicar a los actos procesales las categorías científicas propias de los actos jurídicos.
El acto procesal no tiene relevancia considerado aisladamente, sino en cuanto inserto en una sucesión ordenada de actos que pretende un fin común y que constituye el proceso. La graduación de ineficacia de un acto procesal falto de requisitos legales no vendrá determinada exactamente por la gravedad establecida para los vicios de los actos jurídicos en general, sino que estará directamente condicionada en cuanto que el vicio provoque una quiebra del derecho de defensa o en cuanto que imposibilite el acto alcanzar el fin que le es normal.
Es verdad que las normas que regulan los actos procesales son de orden público, de obligado cumplimiento, pero una quiebra de cualquier requisito legal no conlleva necesariamente la nulidad del acto. El grado de ineficacia del acto viciado vendrá condicionada por la posible quiebra de un derecho fundamental o garantía constitucional, o por la imposibilidad del acto de alcanzar su fin.
-La segunda consideración previa que cabe comentar es que existe una doble regulación de esta materia, en la LOPJ y en la LEC, algo que no es deseable, ya que la regulación contenida en la LOPJ debería ser suprimida para evitar posibles diferencias.

Nulidad, anulabilidad e irregularidad de los actos procesales


Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, vamos a examinar las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de los requisitos de los actos procesales, que provocará, según el grado de incumplimiento, la nulidad, la anulabilidad o la irregularidad de un acto.
A)

Nulidad absoluta

. Un acto es nulo de pleno derecho cuando el vicio afecta a requisitos esenciales. Este tipo de ineficacia (la más grave) puede ser tenida en cuenta de oficio por el acto jurisdiccional.
Son nulos de pleno derecho los actos que adolezcan de alguno de los vicios que contempla la LEC y la LOPJ:
1.Cuando se produzca con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional.
2.Cuando se realicen bajo violencia o intimidación.
3.Cuando se prescinda de normas esenciales de procedimiento, siempre que, por esta causa, haya podido producirse indefensión.
4.Cuando se realicen sin intervención de Abogado, en los casos en que la ley la establezca como obligatoria.
5.Cuando se celebren vistas sin la obligada intervención del Secretario judicial.
6.Cuando se resolvieren mediante diligencias de ordenación o decreto cuestiones que, conforme a la ley, hayan de ser resueltas por medio de providencia, auto o sentencia.
7.En los demás casos en que la Ley así lo establezca 
En principio, un acto nulo no puede ser subsanado. Sin embargo, puede producirse esta subsanación cuando la eliminación del vicio hace el acto eficaz.
La nulidad absoluta de un acto puede viciar únicamente a este o a todos los actos sucesivos que dependen de él. De todas maneras, la LOPJ y la LEC proclaman el principio de conservación de los actos procesales, según el cual la nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que fueren independientes de él, ni la de aquellos cuyo contenido hubiese permanecido invariado aun sin haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad.
B)

Nulidad relativa o anulabilidad

. Un acto procesal es anulable cuando el vicio afecta a requisitos del acto no esenciales. Ni la LOPJ ni la LEC establecen cuándo un acto procesal es anulable; ni siquiera establecen las diferencias puras entre nulidad y anulabilidad. Sin embargo, de las referencias legales se puede extraer que los vicios de los actos generarán nulidad absoluta o simple anulabilidad según la naturaleza y finalidad del acto a que afecte el vicio, y según determine o no una indefensión. Con carácter general se puede decir que es anulable un acto procesal viciado con un defecto que no es de los que provoca la nulidad absoluta. La anulabilidad, por regla general, no podrá ser declarada de oficio, sino que habrá de ser solicitada a instancia de la parte perjudicada.
C)

Irregularidad

 Se da cuando el vicio afecta a algún requisito del acto de escasa entidad. La infracción no origina la invalidez del acto irregular, sino que supone una consecuencia disciplinaria del responsable del acto, permaneciendo el acto eficaz. La irregularidad de un acto no supone, pues, ninguna consecuencia en el plano procesal, sino sólo en el plano administrativo.

Tratamiento procesal de la ineficacia de los actos procesales


En primer lugar, como regla general y con relación a cualquier clase de vicio, la LOPJ y la LEC prevén el denominado principio de subsanación de los actos defectuosos. El legislador, siguiendo la doctrina del TC, establece que se puede subsanar cualquier defecto subsanable.
La LOPJ prevé que los actos de las partes que carezcan de los requisitos exigidos por la ley serán subsanables en los casos, condiciones y plazos previstos en las leyes procesales. Y la LEC matiza este principio procesal de subsanación de los actos procesales estableciendo que el Tribunal y el Secretario Judicial cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes.
Sin embargo, conviene establecer unos límites a este principio de subsanación:
¬El primer requisito para que proceda la subsanación es que se trate de un acto de parte;
 y además que se trate de un acto efectivo, que demuestre la voluntad de la parte de cumplir los requisitos procesales.
Por tanto, son insubsanables, por su propia naturaleza, los defectos relativos al requisito legal de tiempo de realización del acto: transcurrido el plazo o término, el defecto se consuma de modo que no cabe sanarlo.
¬En segundo lugar, conviene tener en cuenta el principio de conservación de los actos procesales, consagrado en la LOPJ y en la LEC, según el cual la nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que fueren independientes de aquél ni la de aquellos cuyo contenido no pudiere haber sido distinto en caso de no haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad; así como que la nulidad de parte de un acto no implicará la de las demás del mismo que sean independientes de aquélla.
¬En tercer lugar, hay que advertir que el legislador se ha ocupado específicamente del tratamiento procesal de los actos nulos de pleno derecho, y así la LOPJ y la LEC han previsto tres vías para hacer valer la nulidad de un acto procesal:

a)Los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate.

b)La declaración de oficio de la nulidad, previa audiencia de las partes, y siempre que no hubiera recaído resolución que ponga fin al proceso.

c)Con carácter excepcional, el incidente de nulidad de actuaciones. Este incidente es excepcional porque el legislador sólo lo consiente cuando la parte aprecie un vicio que produce vulneración de un derecho fundamental, y no haya podido hacer valer la nulidad mediante denuncia a lo largo del proceso. Este excepcional remedio contra un acto nulo sólo cabe iniciarse cuando el proceso acabó por resolución firme; y fundarlo en cualquier vulneración de un derecho fundamental.
Será competente el mismo tribunal que dictó la resolución firme. El plazo para pedir la nulidad será de 20 días desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de la indefensión. De este escrito, se dará traslado a la parte contraria para que en 5 días formule por escrito sus alegaciones, acompañando los documentos que estime pertinentes. A continuación resolverá el tribunal, sin que quepa recurso alguno contra esta resolución. Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido. Si se desestimara, se condenará al solicitante a pagar todas las costas del incidente; y si actuó con temeridad, se le impondrá una multa de 90.000 a 600.000 euros.

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