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Normas comunes a los procedimientos tributarios

NORMAS COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS:


1. INTRODUCCIÓN:

Las normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios se contienen en el Capítulo II del Título III. El precepto inicial trata de las fuentes normativas de los procedimientos tributarios que son las disposiciones y su desarrollo reglamentario además de las normas procedimentales contenidas en otras normas tributarias y el derecho supletorio integrado por las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.
Los reglamentos son el General de Actuaciones y Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y el de Recaudación.
El derecho supletorio es la Ley 30/1992 que contiene la disciplina del procedimiento administrativo común.
En cuanto al principio de legalidad de la actuación administrativa, se dispone que la Ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando la audiencia del interesado. Fiel a este principio, la Ley General Tributaria ha incorporado preceptos que estaban recogidos en reglamentos; sin embarguen ocasiones la LGT parece abrir la puerta al reglamento para la regulación de algún elemento esencial del procedimiento.

2. CAPACIDAD DE OBRAR Y REPRESENTACIÓN (ARTS.44-47 LGT):

Se reconoce la capacidad de obrar a las personas que la tengan conforme a derecho y a los menores e incapacitados en las relaciones derivadas de actividades cuyo ejercicio les esté permitido por el ordenamiento sin asistencia.
En cuanto a la representación, se distingue:
– La representación legal: la de los carentes de capacidad de obrar, la de las personas jurídicas y la de los entes desprovistos de personalidad.
– La representación voluntaria: que podrá ser conferida a un asesor fiscal o a un representante en quien no concurra esta condición. La representación deberá ser expresa y acreditada mediante cualquier modo válido.
– La representación de los no residentes:los obligados tributarios que no residan en España deberán designar un representante con domicilio en territorio español a efectos de sus relaciones con la Administración Tributaria.

3. DOMICILIO FISCLA Y RÉGIMEN DE LAS NOTIFICACIONES:

A) DOMICILIO FISCAL (ART.48):

Se encuentra regulado en el artículo 48 en el que se distingue entre:
– Para las personas físicas: la regla general es la de la residencia habitual. No obstante, cuando se trate de personas que desarrollan actividades económicas se podrá aplicar la regla del domicilio fiscal aplicable a las personas jurídicas siempre que la base imponible sea más de un 50% por rendimientos netos de actividades económicas.
– Para las personas jurídicas: el domicilio fiscal coincidirá con el social siempre que en él esté centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, el lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión. Y, en último lugar, se considerará domicilio fiscal aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado.
– Para los entes carentes de personalidad:a los que se aplicará la regla anterior.
– Para los no residentes: La LGT se remite a su regulación específica, la cual se remite para las personas físicas a la normativa del IRPF y para las personas jurídicas a la del Impuesto de Sociedades.
En resumen, lo determinante es la distinción entre los particulares (sujetos no dedicados a actividades económicas o profesionales) y las personas jurídicas, los empresarios y profesionales.
El domicilio fiscal y sus cambios deberán ser comunicados a la Administración en los términos y con los efectos previstos.

B) LAS NOTIFICACIONES (ARTS.109-112 LGT):

Las notificaciones se harán conforme a las reglas contenidas en los respectivos artículos que atienden a las reglas generales del procedimiento administrativo:
– Cuando se trate de procedimientos iniciados de solicitud del interesado, las notificaciones se practicarán en el domicilio indicado por el propio obligado tributario o su representante o en su domicilio fiscal.
– Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio, las notificaciones se practicarán en el domicilio fiscal del destinatario, en el centro de trabajo, en el lugar donde desarrolla su actividad o en cualquier otro adecuado a tal fin.
– Las notificaciones se entregarán a su destinatario (si estuviese presente en el domicilio), o a la persona que se encuentre que deberá hacer constar su identidad, o al portero de la finca.
– En el caso de que el destinatario rehúse recibirla se le tendrá por notificado.
– En el caso en que no sea posible entregar la notificación a su destinatario por lo medios normales, se notificará por edictos o por correspondencia, para lo que será necesario realizar, al menos, dos intentos de notificación y a continuación se procederá a la notificación pública mediante anuncios en los boletines oficiales o tablones de anuncios de las oficinas de la Administración Tributaria o en la sede electrónica del organismo correspondiente.

4. LA PRUEBA EN LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (ARTS.105-108 LGT):

En los procedimientos tributarios se sustancian cuestiones jurídicas y cuestiones de hecho en las que el factor fundamental es el de la prueba.
La primera regla es la concerniente al deber de probar que incumbe a cada una de las partes en el procedimiento.
La segunda regla es la concerniente a los medios de prueba y de su valoración que se establece por remisión al Código Civil que se ocupa sólo de los documentos públicos y privados, y a la Ley de Enjuiciamiento Civil que contiene una lista de medios de prueba y un precepto que consagra la regla de la no limitación de los medios de prueba al admitir cualquier otro medio de prueba que permita obtener certeza sobre los hechos relevantes.
Son medios de prueba más usuales son:
a) Las declaraciones o autoliquidaciones de los obligados tributarios: Los hechos contenidos en los citados documentos hacen prueba contra el declarante, que no podrá rectificarlos más que aportando la prueba de su error.
b) Las manifestaciones que hagan los interesados recogidas en diligencias o actas: Los hechos recogidos en las diligencias y actas respecto de los cuales el obligado tributario manifieste su conformidad hacen prueba contra él, que sólo podrá oponerse a ellos aportando prueba de que incurrió en error de hecho.
c) Diligencias y Actas: Las diligencias son documentos de simple constancia de hechos mientras que las actas contienen hechos y la propuesta de liquidación con sus fundamentos jurídicos.
d) Las declaraciones de terceros en cumplimiento de sus deberes de información: Que suponen una prueba en relación con los obligados tributarios de los datos contenidos en dichas declaraciones. En el caso de que esos datos sean discutidos por el obligado tributario, la Administración deberá exigir al declarante que los ratifique y aporte prueba de ellos para contrastar esta prueba.
e) Documentos mercantiles: Que son un elemento de prueba de gran importancia, especialmente la factura que está considerado medio prioritario de justificación del derecho a deducir gastos o a aplicar otras deducciones.
f) Libros de contabilidad y registros fiscales: Que son un elemento de prueba importante pero cuyo valor probatorio se basará en el de los soportes documentales de los asientos. La LGT se ocupa de este medio para el caso de la justificación del derecho a deducir o compensar bases o cuotas originadas en ejercicios prescritos y que no pueden ser objeto de comprobación. En estos casos, la procedencia y cuantía de las deducciones deberá acreditarse mediante la exhibición de las liquidaciones o autoliquidaciones en que se incluyeron la contabilidad y los oportunos soportes documentales.
g) Registros públicos: Que hacen prueba, no sólo de la titularidad de los bienes, derechos, etc., sino de todos los datos registrados. La prueba no es absoluta, pues puede ser desvirtualizada si se justifica la incorrección del asiento.
h) Presunciones legales: Que son aquellas en las que la Ley configura un presupuesto de cuya realización se deriva la consecuencia de entender producido otro hecho diferente (probado el hecho base se considera probado el que la ley hace derivar de él). Las presunciones legales son absolutas en los casos en los que la ley expresamente prohíbe la prueba en contra; en los restantes casos son relativas en cuanto que pueden ser desvirtualizadas mediante prueba en contra. En rigor, en este caso podemos hablar de normas relacionadas con la prueba pues su efecto es el de invertir la carga sobre la parte a quien perjudica la aplicación de la presunción. La prueba podrá dirigirse tanto a probar la inexistencia del hecho presunto como a demostrar que no existe el enlace que ha de haber entre el hecho que se presume y el hecho probado o admitido que fundamenta la presunción.

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