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Injurias realizadas por persona jurídica

El reconocimiento y protección legal de los derechos al honor, a la intimida personal y familiar y a la propia imagen se recoge en la CE en sus artículos 18 y 20; en el primero de ellos, se vincula el uso de las nuevas tecnologías; y en el segundo, permite entender lo anterior, como límites a los derechos a y a la información y a la libertad de expresión. Poseen un carácter de derechos personales.

Artículo 18

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada podrá hacerse sin el consentimiento del titular o resolución judicial salvo en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y de las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La Ley limitará el uso de la información para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos.

Artículo 20

4. Estas libertades tienen su límite en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección dela juventud y de la infancia.
En la legislación española su protección se establece desde una doble vía: civil y penal. En la primera, es la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a lar Propia imagen, que establece el eje de la protección civil de estos tres derechos. La segunda, será el Código Penal el que establezca en cada caso la calificación de las acciones como delito, con la pena que éste lleve aparejada. La vía penal es preferente, no debe pasarse por alto una de las consideraciones que hace la Ley civil: la definición de honor e intimidad dependerá del propio concepto que cada sujeto tenga de los mismos, así como de los usos y costumbres sociales del momento.

6.1. El derecho al honor.

6.1.1. Intromisiones ilegítimas consideradas en la legislación civil.

La representación que de las diversas cualidades del individuo efectúan el mismo o los restantes miembros de la sociedad; se entiende desde dos puntos de vista: subjetivo o individual, coincidente con la visión que el sujeto tiene de si mismo y con su deseo de afirmar esta visión -la propia estima-; y objetivo o social, coincidente con buena reputación o fama -la estima apena-.
La Ley Orgánica de 1982 es vaga a la hora de establecer cuáles son las intromisiones ilegítimas en este derecho, las vincula a la intromisión en el derecho a la intimidad.
Artículo7
Intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2º de esta Ley:
3.La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas.
7.La imputación de hechos a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, atentando contra su propia estimación.
8.La utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para obtener provecho económico.
El propio articulado se extrae una definición legal de derecho al honor que, comprende tanto las intromisiones ilegítimas desde el punto de vista subjetivo como objetivo: lesionar la dignidad de la persona.
También a los derechos a la intimidad y a la propia imagen, no se considerarán como tales intromisiones ilegítimas, aquellas que sean autorizadas por la autoridad competente, , ni cuando exista un interés histórico.

6.1.2. Delitos contra el honor considerados en el Código Penal.

El Código Penal perfila con claridad las ocasiones de conductas .antijurídicas en el ámbito del derecho al honor, explicitar las circunstancias, posible para la comisión del delito y establecer sus contornos.
El Código Penal español de 1995 contempla los delitos de calumnia e injuria:
Calumnia
Artículo 205 la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad.
Artículo 206. Serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad con multa de seis a 12 meses.
Artículo 207. El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado.
Se deduce de este delito la necesidad de que exista conocimiento consciente de la falsedad de la imputación, falta de diligencia, la verdad de lo afirmado exime de responsabilidad penal -excepto veritatis-.
Injuria
Artículo 208. Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona menoscabando su fama. Serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, sean tenidas en el concepto público por graves.
Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad.
Artículo 209. Las graves con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a catorce meses.
Artículo 210. El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos de sus cargos o de faltas penales o de infracciones administrativas.
En la exceptio veritatis, el Código Penal sólo califica como delito aquellas injurias que se consideren graves, debiendo ser los jueces quienes determinen esta cualidad. En el caso de que las imputaciones se viertan sobre funcionarios públicos, prueba de verdad exime de responsabilidad dada la condición de servidor público del funcionario.
Entre los artículos 211 a 216 del Código Penal, consideraciones para ambos delitos.
-se considera que las acciones se han hecho con publicidad cuando se realicen a través de medios de comunicación.
-las penas se agravan cuando se hayan cometido mediante precio, recompensa.
-se establece la responsabilidad civil solidaria para el propietario del medio, con carácter indemnizatorio. .
-para el reconocimiento de la falsedad disminuye la pena.
-el perdón de la persona ofendida exime de la responsabilidad penal.
-la reparación del daño incluye la difusión de la condena.

6.1.3. Interpretación jurisprudencial.

La jurisprudencia constitucional el derecho al honor no presenta complicaciones, por cuanto en la vía penal. El TC ha manifestado al respecto:-la condición de persona pública o privada del afectado, determina la amplitud de la protección de su honor. En el caso de personas públicas el derecho al honor puede de verse disminuido.
-el derecho de libertad empleado para verter la imputación, el TC afirmó que el derecho al honor no puede servir para ocultar la crítica, y que ésta es lícita, aun siendo intransigente, excepto cuando sea ofensiva.
-el derecho al honor abarca a los colectivos y personas jurídicas, en la medida en que éstas poseen identidad propia y necesitan de un ámbito de protección para el ejercicio.
-el derecho al honor de las personas fallecidas se protege en la medida en que las imputaciones afectan al ámbito familiar, al dañar la memoria del ofendido.

6.2. El derecho a la intimidad personal y familiar.

6.2.1. Intromisiones ilegítimas consideradas en la legislación civil.

Hans Kelsen delimitó al atribuir a la intimidad un ámbito de la vida personal no comunicable y a la privacidad, un ámbito de la vida personal.
En la protección del derecho a la intimidad tres componentes esenciales: los modos- tecnológicos- para la obtención y difusión de los aspectos íntimos de una persona; la intimidad en relación con las informaciones periodísticas; y la protección de los datos personales. La Ley determina las intromisiones ilegítimas en este derecho:
Articulo 7
1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de cualquier otro medio para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.
2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos o cualquier medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas.
3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación, así como la revelación de escritos personales de carácter íntimo.
4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional.
5. La captación o publicación por fotografía de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos.
Y considera como intromisión legítima:
Artículo 8
1. No se reputará, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas ni cuando predomine un interés histórico o cultural relevante.
Pero el desarrollo informático, junto con la proliferación del uso de las nuevas tecnologías, han hecho surgir el derecho a la autodeterminación informativa, en conexión con el derecho de a la protección de datos personales, sobre la Unión Europea y España, han legislado, además de la creación en 1993 de la Agenda de Protección de Datos para su vigilancia, control y sanción de las conductas ilegales.
Está regulado en España mediante la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, que excluye los ficheros mantenidos por personas físicas para el uso doméstico y los ficheros sobre investigación terrorista y delincuencia organizada.
Los tres principios elementales en su regulación son:
-Calidad de los datos: dichos datos podrán ser tratados cuando sean adecuados, no excesivos en relación con su finalidad; han de ser exactos y puestos al día, correspondiéndose con la realidad del afectado; y cancelarse cuando hayan dejado de ser necesarios y se almacenarán de forma que pueda ejercerse el derecho de acceso.
-Publicidad o transparencia en el tratamiento: garantía de que el interesado conozca, la existencia del fichero para el que se solicitan sus datos; la finalidad para la que se le solicitan; la identidad del destinatario de esa información y del responsable del fichero; la posibilidad de negarse a dar respuesta. Las consecuencias de su negativa.
-Consentimiento informado: definido en el artículo 6 de la Ley como la donación del “consentimiento inequívoco” del afectado, para proceder a la obtención, o cesión de datos, pudiendo el afectado revocarlo cuando medie causa justificada. Este consentimiento, en el caso de los “datos especialmente protegidos o sensibles”, habrá de ser expreso y por escrito.
Los denominados datos especiales o de carácter sensible se encuentran un ámbito de protección mayor debido a su naturaleza y a su vinculación con el artículo 16 CE que dispone que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su- ideología, religión o creencias”. Se dispone al respecto:
-los datos relativos a ideología, afiliación sindical, religión y creencias sólo pueden tratarse con el consentimiento expreso y por escrito del afectado.
-los datos referentes a origen racial, salud y vida sexual sólo pueden ser tratados y cedidos, por razones de interés general con el consentimiento expreso y por escrito del afectado.
-los datos sobre infracciones penales y administrativas sólo pueden incluirse en ficheros pertenecientes a las Administraciones Públicas.
Excepciones a este principio: la recogida de datos para las funciones propias de las Administraciones Públicas; el suministro de datos para la formalización de un contrato.
En los artículos 13 a 19 de la Ley se determina el contenido de este derecho:  
-Derecho de impugnación de los actos administrativos o decisiones privadas, que impliquen una valoración del comportamiento de la persona.
-Derecho de consulta, o de acceso a las bases de datos registradas en la Agencia General de Protección de Datos, con objeto de consultar acerca de que datos personales están disponibles en ficheros y están siendo tratados. Su ejercicio dará lugar al conocimiento de la identidad del responsable del fichero y la finalidad con la que los datos fueron recabados.
-Derecho de acceso que permite al interesado en dirigirse al responsable del fichero que están tratando sus datos y a la persona que en un momento determinado los esté recabando.
-Derecho de rectificación u obligación del responsable del fichero de rectificar los datos del afectado que obren en su haber, cuando no se ajusten a lo dispuesto en la Ley y, cuando sean inexactos o incompletos. La rectificación habrá de llevarse a cabo en el plazo de diez días desde la recepción de la solicitud.
-Derecho de cancelación que comporta el derecho del afectado a que sus datos personales sean retirados de aquellos ficheros en los que conste, si así lo desea. La cancelación implica siempre destrucción o desaparición de los datos.
-Derecho de bloqueo, derecho del afectado a que sus datos personales sean bloqueados por medios informáticos y, sin ser suprimidos de los ficheros en los que constan, tan sólo puedan emplearse a disposición de las Administraciones Públicas, jueces y Tribunales.
-Derecho de indemnización, como medio de resarcimiento económico por los daños o lesiones en sus bienes y/o derechos ocasionados por un incumplimiento de esta Ley

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