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El derecho de acceso a la información

El derecho de acceso a la información Pública

En distintos países existe confusión entre el derecho a la información y el derecho de acceso a la información publica, que tiende a situar el segundo, dentro del primero, como una vertiente más amplia del mismo, no restringida a la actividad de los medios informativos y de comunicación.
Esta apreciación posee una parte de verdad, ya que la Constitución Española los trata como derechos distintos, y la legislación administrativa vincula el derecho de acceso a la información pública con el principio de transparencia que debe imperar en la gestión de la Administración Pública.
El artículo 105 CE sitúa la regulación del derecho de acceso dentro de la regulación constitucional de los actos administrativos.
No se trata de un derecho absoluto porque la transparencia administrativa choca con el derecho a la intimidad de terceros y se equilibra a través del interés legítimo del afectado en un proceso administrativo y su derecho de acceso.
La Ley de Procedimiento Administrativo (1992), reconoce la facultad para el ejercicio de este derecho de acceso a: quienes promuevan el procedimiento por ser titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; y a quienes puedan ser afectados en sus intereses individuales o colectivos como consecuencia de dicha tramitación.
El objeto de este derecho se cifra en el acceso a los archivos y registros públicos, así como en el derecho de los interesados a conocer el estado de los procedimientos que les afecten y obtener copias de los mismos. En aplicación de su art. 37, no comprende el acceso a los siguientes documentos, archivos y registros:
-Por razones de interés público, deban permanecer al margen del conocimiento público.
-Los que versan sobre actuaciones del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas, en el marco de funciones constitucionales, no sujetas a Derecho Administrativo.
-Sobre defensa nacional o seguridad del Estado.
– Sobre la investigación de delitos.
-Están protegidos por el secreto comercial o industrial.
-Los referidos a actuaciones administrativas sobre política monetaria.
Se regirán por normas específicas, los referidos a materias clasificadas; datos sanitarios de pacientes; régimen electoral, Registro Civil; los que puedan ser accedidos por diputados, senadores y los fondos pertenecientes a archivos históricos.
En el lado opuesto se encuentran aquéllos que no se consideran de acceso libre, por su carácter trascendente para los intereses del país, y dotada de un Reglamento de desarrollo en 1969; de acuerdo con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Se habla de clasificación de las materias para referirse a la acción de limitar o impedir el derecho de acceso; dicha clasificación se corresponde con las categorías de “secreto” o “reservado”, en función del grado de protección, correspondiendo esta decisión al Consejo de Ministros.
La clasificación, sobre “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”, tendrá una duración determinada, puesta por la Autoridad competente, en una anotación anterior o posterior al documento, con mención sobre su posible supresión o rebaja de grado de protección.
Referido al ámbito de titularidad privada, la Ley del Patrimonio Histórico Español, afecta a aquellos documentos y archivos que se encuentran en manos privadas y que deben estar al alcance del público.
Forman parte de este Patrimonio y son de acceso público:
-los documentos generados por la Administración Pública o entidades públicas en el ejercicio de sus funciones.
-de más de 40 años de antigüedad generados por entidades y asociaciones políticas, sindicales, religiosas; entidades culturales y educativas privadas.
-de más de 100 años, poseídos por cualquier persona o entidad.
-cualquier obra escrita de la que no consten al menos 3 ejemplares en las bibliotecas y archivos públicos; y cualquier obra audiovisual, visual o sonora, de la que tampoco consten al menos 3 ejemplares, excepto en el caso de las películas, que se referirá a 1 ejemplar.
-todo documento que la Administración Pública haya o no cumplido dicho plazo.
La excepción a este derecho de acceso la constituyen los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico u otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen. Para su consulta deberán existir consentimiento expreso de los afectados y haber transcurrido 25 años de la muerte del afectado.


El derecho de acceso de los grupos sociales y políticos significativos a los medios de comunicación de titularidad estatal.

El artículo 20 CE reconocía este derecho, en relación con la función social de los medios públicos o dependientes del Estado, el mismo no se ha regulado hasta la reforma de la televisión pública española mediante la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal.
Este derecho se vincula con la misión de servicio público que RTVE tiene encomendada, y se plasma en la puesta a disposición de grupos sociales y políticos significativos, sin limitarse, a dar cuenta de sus actividades en los espacios informativos. Se fomenta el pluralismo interno y externo, en la medida en que repercute en la conformación de una opinión pública más plural.
En 2007 el Consejo de Administración de la Corporación RTVE aprueba unas Directrices y Reglamento al respecto, establece:
-La evaluación semestral del cumplimiento de este derecho, a través de la información sobre estos grupos y de la difusión de espacios propios.
-La puesta a disposición de estos grupos de un impreso de solicitud para el ejercicio, cuando en el semestre anterior no se haya producido. Dicha solicitud da lugar a la apertura de una serie de plazos para la resolución y reclamación, que tras pasar por el Consejo de Administración de RTVE, puede llegar hasta el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
La normativa interna de la Corporación, exige la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Que posea naturaleza política y/o social
b) Que esté válidamente constituidos y gocen de personalidad jurídica propia.
c) Que merezcan el adjetivo de “significativo”‘ debido a su representatividad, número de miembros o utilidad pública.
La Ley 8/2009 de financiación de la Corporación pública RTVE, estableció la obligación de dedicar, doce horas semanales -en el conjunto de sus emisiones radiofónicas y televisivas-, a emitir programas y servicios interactivos en los que se plasme este derecho de los grupos sociales, políticos.

El derecho de rectificación o derecho de respuesta.

El derecho de rectificación constituye una figura entre la reparación del posible daño causado a alguien aludido en una información y la búsqueda del equilibrio informativo facilitando su acceso al medio para dar su versión de los hechos.
Por tratarse de un derecho cuyo ejercicio es a posteriori de la difusión informativa, no se trata de un derecho de legítima defensa. Se trata de suplir las deficiencias del relato informativo mediante la publicación o difusión de la versión de los hechos de todas las partes implicadas en los mismos, siempre y cuando se den por aludidas, y aprecien un posible daño o lesión a su persona. Es una figura próxima a la reparación del derecho al honor, pero opera a través de otra vía, que abarca las opiniones que se consideren lesivas de la dignidad personal.
Su estructura jurídica permite comprende su naturaleza y requisitos para el ejercicio. Y viene regulada por la Ley Orgánica 2/1984 reguladora del Derecho de Rectificación.

-Sujeto: 

persona física o jurídica que se considere aludida e identificable o a través de sus representantes o herederos.

-Objeto: 

solicitar al director del medio la publicación de la rectificación enviada por el afectado.

-Contenido: 

rectificación de informaciones de hechos que aludan a una persona identificable, cuando los considere falsos, y siempre que la difusión informativa haya podido causarle un perjuicio.
Su ejercicio se sustenta en dos tiempos:

o Fase ante el director del medio: 

la persona perjudicada debe enviar al Director del medio un escrito de rectificación, que contenga su descripción de los hechos, con una extensión similar a la de la noticia. Debe remitirlo en el plazo de 7 días desde la difusión informativa. Una vez recibida, si se decide publicar, hay que hacerlo en el plazo de 3 días, excepto si la periodicidad no es diaria, en cuyo caso habrá de hacerse en la siguiente publicación. Esta difusión ser\’e1 gratuita, y con relevancia semejante a la información inexacta.

o Fase judicial: 

Una vez transcurridos 7 días hábiles desde la fecha en que debería haber sido publicada la rectificación, el afectado tiene la opción de acudir ante el juez, para lo que debe enviar al Juez de la instancia un escrito con la rectificación. Una vez admitida la acción, el juez dicta resolución convocando al afectado y al director del medio a juicio verbal en el plazo de los siete días siguientes a la admisión de la demanda. El fallo se limitará a ordenar o denegar la rectificación; y la sentencia se tiene que publicar el mismo día del juicio o al día siguiente. En caso de fallo a favor del afectado, la rectificación deberá publicarse en los tres días siguientes.
En campaña electoral, el ejercicio de este derecho se desarrolla dada la premura de la difusión de la rectificación, si procede; y aparecer regulada por el artículo 68 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 5/1985.
a) Si la rectificación no se puede publicar los 3 días siguientes a su recepción, habrá de hacerse dentro de este plazo a través de otro medio.
b) El juicio oral se celebrará dentro de los 4 días siguientes al de la incoación de la acción de rectificación.
El Tribunal Constitucional español explicitó que su finalidad no es dar la información verdadera, o reparar el daño ocasionado, sino prevenir posibles perjuicios; y definió el ejercicio este derecho como un procedimiento sumario que no exige al juzgador conocer la verdad.

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