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Derecho. Casos prácticos

STS 24 de Julio de 1998


Problema jurídico: 

El problema jurídico con el que nos encontramos en este caso es el de decidir, si la parte actora está legitimado para ejercitar la acción Pauliana, ya que carecía de otro medio legal, o por el contrario poseía otros medios para solicitar el cobro.
En un segundo plano, podríamos preguntarnos también el si se puede permitir, el que el acreedor impugne los contratos fraudulentos del deudor como estipula el artículo 1111 del Código Civil, pero cuando haya otros codeudores, los cuales responden solidariamente de la deuda; ya que si se permite, podría el acreedor reclamar el pago a los codeudores, sin necesidad de impugnar el contrato o los contratos que el deudor demandado celebró con un tercero.

Hechos: 

Los hechos probados de esta sentencia son que la actora concedió un préstamo a Maquinaria Cerezo SA, y este préstamo con vencimiento fue garantizado como fiadores solidarios por los demandados.
El problema viene a raíz de que el préstamo resultó impagado, por lo que la actora demandó a los fiadores y se decretó el embargo de ciertos bienes. Pero los demandados, antes del vencimiento donaron estos bienes a sus hijos.
Así pues, llegamos al fondo de la cuestión ya que la actora demanda a los donatarios solicitando la rescisión de la donación. 

Sentencia del Tribunal Supremo:

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por los demandados por lo que aplica lo fallado por la Audiencia, la cual concede la rescisión de la donación a favor de la parte actora. 

Doctrina del Tribunal Supremo: 

Los argumentos utilizados por el Tribunal Supremo para desestimar el recurso de casación fue que matiza que no es preciso que se declare la insolvencia en procedimiento previo, y que aunque tenga el demandado otros bienes, con que solo se conozcan los del objeto del contrato hace efectiva esta acción. Tampoco es necesario obtener la declaración previa de que el perjudicado carece de todo otro recurso legal, antes de ejercitar la acción rescisoria.
Además, el actor no se podía dirigir a los otros bienes del demandado ya que estos estaban sujetos a una suspensión de pagos.
Finalmente, ni los artículos 1291 y 1295, ambos del Código Civil, se prohíbe que la rescisión de los contratos fraudulentos sea parcial. 

Opinión personal: 

El problema que se plantea en este litigio, es el de si la parte actora obra bien ejercitando la acción Pauliana o carecía de otro medio legal para el cobro.
Así pues, vista la sentencia, mi punto de vista es que la parte actora no tenía otro medio legal para ejercitar el cobro de la deuda, por lo que fue necesario ejercitar la acción Pauliana, la cual se caracteriza por la rescisión de los contratos por fraude de acreedores, y que según el artículo 1294 del Código Civil, dice que La acción de rescisión es subsidiaria; no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.
Por lo que los actos fraudulentos contra los que la acción pauliana reacciona son actos perjudiciales para los acreedores, mediante los cuales se les defrauda de manera real y no fingida. Y esto último es muy importante, ya que para ejercer la acción pauliana es necesaria que los actos sean fraudulentos, lo que ocurriría cuando el deudor actúe con el propósito de defraudar a sus acreedores, es decir, con el propósito de que no les puedan cobrar lo que se los debe, y como podemos apreciar en la sentencia la mujer-demandada confesó en el Juicio Ejecutivo 935/1992 del Juzgado núm, 12 de los de Bilbao que la donación efectuada tenía por finalidad eludir el embargo de los bienes que pudiera efectuar el Banco Bilbao-Vizcaya.

Ahora bien, también cabe la posibilidad de decretar, el por qué el actor no intentó averiguar si los demandados poseían otros bienes, siendo aún más grave que después se descubrió que estos poseían más bienes que los encargados, por lo que aquí entraría la tesis de los demandados, los cuales alegaban que el ejercer la acción Pauliana no era legal. Pero como dije anteriormente, no puede ser y lo expondré a continuación.
En un primer lugar, no pudo dirigirse contra la deudora Maquinaria Cerezo SA, ya que esta se encontraba en suspensión de pagos, y por eso, aunque el marido-demandado era el mayor accionista no podía embargar sus acciones ya que dichas acciones carecían del valor real.
Y en segundo lugar, como estipula la doctrina: no es preciso que se declare la insolvencia en procedimiento previo; que, aunque puedan existir otros bienes, basta que no se conozcan otros que los objeto del contrato.
En definitiva, por todo lo anterior mencionado, veo acertado el fallo del Tribunal Supremo, por lo que veo acertado que se autorice la rescisión del contrato, el cual, es un remedio jurídico para la reparación de un perjuicio económico que el contrato origina a determinadas personas, consistente en hacer cesar su eficacia, por lo que es un supuesto de ineficacia sobrevenida.
Y como podemos apreciar en el artículo 1291.3 del Código Civil, son contratos susceptibles de rescisión los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrarlo que se les deba.

STS 24 de Mayo de 1999


Problema jurídico: 

El problema jurídico con el que nos encontramos en este caso, consiste en dilucidar que derecho asiste al cesionario de un bien mueble, adquirido en régimen de leasing, para ejercitar directamente la acción resolutoria contra el vendedor a causa de los graves defectos de la cosa.
Si el arrendatario financiero puede utilizar la acción resolutoria del contrato de compraventa entre el arrendador financiero y el vendedor, por vicios ocultos en la cosa, o al no ser parte en este contrato de compraventa no puede accionar tal acción resolutoria. 

Hechos: 

Los hechos probados de esta sentencia, son que la parte actora celebró un contrato de leasing con la parte demandada para la adquisición de un bien mueble, el cual lo vendió la otra parte demandada. Pero ante las irregularidades y defectos del funcionamiento del objeto se dirigió contra el vendedor y el arrendador financiero (ambos demandados) solicitando la resolución del contrato de compraventa del objeto y del arrendamiento financiero. 

Sentencia del Tribunal Supremo:

El Tribunal Supremo declaró haber lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora (arrendatario financiero) por lo que anuló la sentencia de la Audiencia, la cual confirmó el fallo del Juez de 1º Instancia.
Así pues, declara resueltos tanto el contrato de compraventa como el de arrendamiento financiero o de leasing. 

Doctrina del Tribunal Supremo: 

Para declara lugar al recurso de casación, el Tribunal Supremo se basó en primer lugar que la tesis de la sentencia impugnada conduce a la indefensión por parte del arrendatario y propicia que haya fraudes y abusos contra el usuario.
Así, gracias a las pruebas practicadas se vio, efectivamente, que el objeto adquirido siempre funcionó mal, lo que lo convirtió en inservible para su destino.
Por lo que, la relación con el uso y destino que prometía el objeto, al no darse, es suficiente para estimar la resolución del contrato de compraventa, la inadecuación del bien para la satisfacción del comprador, permite considerar que se ha producido un verdadero incumplimiento, lo que hace que se deba aplicar tanto el artículo 1101 como el 1124 del Código Civil.
Finalmente, que dado a la conexión existente entre el contrato de leasing y de la compraventa, hace que la resolución del contrato de compraventa, haya de resolver el del arrendamiento financiero. 

Opinión personal: 

Según la Disposición Adicional 7ª. de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, describe el arrendamiento financiero o de leasing así: Tendrán la consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión de uso de bienes muebles e inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de las cuotas…El contrato de arrendamiento financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, a favor del usuario.
Así pues, tenemos dos contratos, uno de compraventa y otro de arrendamiento con opción de compra, subrogando el arrendador al arrendatario en todas las acciones que como comprador le correspondiesen frente al vendedor, cuya subrogación comprende la eventual acción resolutoria de que todo comprador se halla asistido, así como el de saneamiento por vicios ocultos. Y como bien dice el Tribunal Supremo en esta sentencia, cualquier cláusula exonerativa de responsabilidad de arrendador por inidoneidad o mal funcionamiento del bien tiene que corresponder necesariamente con la referida subrogación.

Con todo esto, creo que la solución que da el Tribunal Supremo es acertada, ya que, en contra de lo que afirma tanto la Audiencia como el Juez de Primera Instancia, la cláusula de subrogación y de exención de responsabilidad es sólo operante cuando la relación jurídica de leasing se ha constituido, por lo que, como podemos ver, en este caso el actor-demandante sí puede ejercitar la acción subrogatoria.
Además, si no hubiera aceptado el recurso de casación, tengo que decir, que nos hubiéramos encontrado en una situación de indefensión, y además, propicia toda suerte de fraudes y abusos contra el usuario, ya que en los tres sujetos que intervienen en un contrato de leasing la exoneración de responsabilidad del arrendador financiero respecto del usuario, sin otorgamiento de medios defensivos al usuario contra el vendedor, en cuanto a la idoneidad de la cosa entregada, conduciría a una intolerable indemnidad del vendedor y a un desamparo odioso del usuario.
Por lo que, veo necesario conceder la acción subrogatoria al actor, ya que no tiene otra forma de obtener una satisfacción. La única manera es la de resolver el contrato ya que el bien mueble siempre ha estado en malas condiciones, y por más que lo arregle no conseguirá el uso y destino para lo que lo adquirió.

Una de las cláusulas generales en el leasing financiero es la cláusula de exoneración de responsabilidad en caso de evicción o vicios ocultos de los bienes. Se trata de bienes producidos por empresa distinta de la financiadora, por lo que difícilmente podrá ser abusiva la exoneración de responsabilidad de esta última cuando, en el propio contrato, el intermediario financiero subroga al usuario en cuantos derechos y acciones pueda tener frente al proveedor de la cosa. Así podemos aplicar el artículo 1111 del Código Civil, (Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho)
Finalmente, gracias a la acción subrogatoria, el actor puede solicitar la resolución del contrato de arrendamiento financiero como el contrato de compraventa. Esta resolución viene dado a que una parte(tanto la vendedora como el arrendador financiero) no cumplen su parte, ya que hay en el objeto vicios ocultos. Por lo que dado a la conexión existente entre el contrato de leasing y de la compraventa, hace que la resolución del contrato de compraventa, haya de resolver el del arrendamiento financiero. Es decir, en los contratos colegiados, la suerte que corra uno de ellos influye en la subsistencia o extinción del otro, puesto que la causa de cada uno de los contratos se halla íntimamente vinculado a la existencia del otro.

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