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Caso práctico de Derecho.

Visto los hechos probados, y leídas las argumentaciones, podemos considerar que nos encontramos ante un caso práctico complejo. Complejo, no solo por lo que está en juego para ambas partes, sino complejo por defender y aportar soluciones a estas argumentaciones.

Por todo esto, en primer lugar, creo que es acertado la solicitud del sujeto B, de solicitar la diferencia entre 1500 pesetas y las 300 que valían las acciones, cuando el banco A es intervenido, basando su argumentación en un incumplimiento de las promesas contenidas en la oferta de 1993. Pero, para decidir a favor o en contra del actor o del demandado, antes debemos de estudiar ciertas consideraciones.

Así pues, en primer lugar, habrá que preguntarse en qué medida el deudor ha observado o ha infringido su deber. Habrá que investigar en qué medida ha recibido satisfacción su derecho o interés.
Por otro lado, el sujeto B, demanda un incumplimiento de obligaciones, la cual, podemos definirla como la inejecución de la prestación o la ejecución defectuosa de la misma de tal forma que no libera al deudor ni satisface el interés que el acreedor tenía.
En segundo lugar, el sujeto B, en su argumentación, nos habla de un daño. Este daño es un daño emergente, el cual queda dividido en dos sistemas: en el cálculo abstracto de daño y en el de cálculo concreto de los daños.
El primero de ellos, exonera al acreedor de prueba, por lo que establece un criterio de daño mínimo mientras que el segundo, es el que exige probar los daños o criterios específicamente aplicables al caso.
Pero, por lo que se refiere al lucro cesante, el mismo debe ser probado y ha sido interpretado restrictivamente por la jurisprudencia. En definitiva, el lucro cesante comprende las ganancias dejadas de obtener como consecuencia de no haber podido el acreedor cumplir con las obligaciones contraídas en firma con terceros.
Otro aspecto a concretar es el de las indemnizaciones, que, como podemos apreciar, la sujeción a indemnizaciones es independiente de otros derechos o facultades que pueden corresponder al acreedor insatisfecho, como por ejemplo, la resolución o acción de cumplimiento; artículos 1096 y 1124, ambos del Código Civil.

Así pues, visto esto, creo que el banco demandado incurre en dolo a la hora de ejecutar sus obligaciones contraídas con la parte actora, por lo que sería preciso, si quisiera el sujeto B indemnización, aplicar el artículo 1101 del Código Civil que dice que quedan sujetos a indemnización de los daños y perjuicios causados que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquélla.

Desde mi punto de vista, el sujeto A incurre en dolo y por tanto, además, habrá que otorgar una indemnización, no solo por la diferencia de acciones, sino que habrá que otorgarle una indemnización por las ganancias que han dejado de tener, como aparecía el artículo 1106 del Código Civil La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor. Esas ganancias que ha dejado de obtener ha sido que por ese precio pudo haber comprado más acciones por el mismo precio que pagó.

En definitiva, creo que el banco A ha quebrantado la due diligence (declaración de garantías) en el acuerdo de suscripción de acciones de la ampliación de capital de 1993 y además, dio información falsa. Y por esto, el sujeto B, fundamenta su querella en que había sido engañado por el banco A, al ofrecerle una imagen del banco en la primera ampliación del capital en 1993, que inmediatamente después, se pudo comprobar que no se correspondía con la realidad.

Por otro lado, en consonancia con la argumentación del banco A, creo que es errónea al intentar hacernos entender que el sujeto B no ha sufrido realmente daño, ya que las acciones valen ahora más que cuando se compraron, ya que el daño que solicita el actor no es este, sino el daño que solicita viene dado a que pudo comprar más acciones de las que compró.
Además, el sujeto B, si solicitara la aplicación del artículo 1124 del Código Civil, tendría derecho, no solo a pedir la resolución del contrato de compraventa, devolviendo las acciones a A y recuperando el precio que pagó por ello, como argumenta la parte demandada, sino que también podrá exigir el cumplimiento de la obligación, que en este caso es el pago de la diferencia.

Pero, en cambio, aunque se pueda aceptar la indemnización o el pago de la diferencia entre el valor de lo intervenido y el precio de las acciones en el momento de ser presentada la reclamación, no podemos aceptar, la reducción de pago, como bien señaló el banco A, pues atendiendo al artículo 1490 del Código Civil, la reducción del precio prescribe a los seis meses, contando desde la entrega de la cosa vendida.
Así pues, con todo esto, podemos anunciar, que en el caso planteado, habría que resolver el problema planteado, otorgando al sujeto B la diferencia entre los precios, la cual sirve como indemnización por el actuar doloso del banco, pero no podemos aceptar el otorgar una reducción de precio, cuando este ya había prescrito.

Como conclusión, podemos decir, que no podemos aceptar la reducción del precio porque ya a caducada, conforme al artículo 1490 del Código Civil, pero realmente, el sujeto B sí ha sufrido un daño. Ha sufrido un daño mínimo, a pesar que las acciones ahora valgan más, ya que lo que se solicita es que no se le reduzca el precio, sino que se le de la diferencia económica, ya que con ese precio, pudo haber comprado más acciones de las que compró. Y con esta argumentación, apreciamos, que el sujeto B prefiere tener más acciones que pagar menos por esta, ya que es más poderoso quien más acciones tiene, no que valgan más,

Finalmente, creo yo, que como podemos apreciar, entre una interpretación u otra de las normas de Código Civil mediaba una diferencia de medio billón de pesetas la única conclusión razonable a la que se podría llegar es que el engaño del banco A era relevante. Además, creo, que este caso puede animar a muchos de los otros inversores que participaron en la macro ampliación de capital, como en el caso del sujeto B a seguir los pasos de este y exigir judicialmente una compensación económica por el dinero perdido. Es decir, este caso podrá ayudar a muchos inversores que hayan sufrido un incumplimiento de las promesas contenidas en la oferta de 1993 a manos del banco A y exigir la diferencia entre lo que pagaron al principio por cada acción y el precio que valían estas cuando el banco demandado fue intervenido.


Conclusiones:

Las conclusiones que sacamos al respecto, son, que el banco A deberá indemnizar al sujeto B, ya que en el cumplimiento de sus obligaciones ha incurrido en dolo, pues ha engañado, respecto a su solvencia y bondad al actor. Además, a tenor del artículo 1106 del Código Civil, la indemnización de daños y perjuicios comprende, no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, es decir, el sujeto B debe ser indemnizado, no solo por el dinero perdido, ya que pagó más de lo que valían las acciones, sino que debe de ser indemnizado, porque al pagar este precio no pudo comprar más acciones.
Así pues, al estar hablando de dinero, aplicamos el artículo 1108 del Código Civil, el cual dice que Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal.

Por otra parte, no se puede solicitar la reducción del precio del contrato, como estimaba el banco A, ya que el actor no quiere resolver la obligación, sino que quiere, exige el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, el banco A sostiene que si B se siente engañado debería de haber pedido la resolución del contrato de compraventa, devolviendo las acciones a A y recuperando el precio que pagó por ello. Pero lo que B quiere, es que A cumpla con la obligación que contrajo en el acuerdo contractual, donde prometía a los adquirientes que en caso de inexactitud de las declaraciones del banco A indemnizarían todos los daños y perjuicios.

Por último, hay que romper una lanza a favor del banco demandado, ya que lo que no podemos aceptar, es una reducción de precio de las acciones, ya que conforme al artículo 1490 del Código Civil, se extingue tal acción a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa.

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