Apuntes para todos los estudiantes y cursos

Génesis, evolución y fundamentos de la ciudadanía

1 Génesis y evolución histórica de la ciudadanía

La ciudadanía es la cualidad de quienes, por medio de la participación y la comunicación pública, se hacen a sí mismos y, en ese hacerse, se reconocen como sujetos activos. Filosóficamente hablando, la ciudadanía es el instrumento mentó político por medio del cual los seres humanos conviven y tratan de organizar responsablemente las contradicciones que puedan darse entre la libertad y la igualdad.

La construcción filosófica de la ciudadanía nos enseña que esta es un reflejo de la aceptación, por parte de los seres humanos, de su propia condición histórica. Es decir que, con la evolución social, también ha ido evolucionando y mejorando el concepto de ciudadanía. El carácter de ciudadanía de los humanos expresa también la decisión de vivir autónomamente, o sea, de auto legislarse y de auto hacerse.

1.1. La ciudadanía en la antigua Grecia y Roma

En las sociedades antiguas, basadas en una economía agrícola, la guerra fue un factor muy importante en su proceso de estructuración. De la misma forma, la situación geográfica de Grecia y Roma, el curso de la moneda y e aumento del comercio propiciaron una serie de transformaciones que afecta ron globalmente a sus modos de vida.

Condiciones de la ciudadanía

La división social entre los grandes propietarios de la tierra, la nobleza militar, y el resto de la población formada por campesinos, artesanos, comer­ciantes y esclavos, es característica de esta etapa. De hecho, las luchas produci­das entre dichos grupos sociales por el reconocimiento de derechos serán la que posibiliten la formación de una ciudadanía basada en la igualdad ante l: ley (isonomía)y en el uso de la palabra (isegoría).

La Antigüedad, por otra parte, se caracteriza por mantener una confusión entre la organización política y la organización social en la medida en que no diferencia entre la vida pública y la vida privada. La ciudad o comunidad política determina la totalidad de la vida de sus miembros: un ser humano l: es por ser miembro de una determinada comunidad cívica. El ser humar.; lo es por ser un ciudadano, es decir, alguien que participa en la vida de la ciudad.

Dominios de participación

La participación ciudadana se extiende a tres dominios:

·El institucional, como miembro de las asambleas, consejos, tri­bunales, etcétera.

·El militar en el que los soldados asumen el deber de defender a la ciudad en caso de guerras internas o externas.

·El religioso, donde se debe mostrar respeto a los dioses la ciudad al tomar parte en las festividades y ceremonias oficiales.

El ciudadano pertenece a la polis, su vida privada es ampliamente regulada y la educación es considerada una actividad propia de la comunidad. El interés personal y la existencia individual están supeditados al interés y a la vida común; la libertad individual no es tal, pues ser libre significa pertenecer a una ciudad y obedecer la ley.

La polis griega: la ciudadanía restringida

En la Atenas del s. v a. C., donde acabó por imperar una constitución de tipo democrático, la ciudadanía, entendida como cualidad imprescindible de participación en los asuntos públicos de la ciudad, fue considerada cada vez más importante. Hasta tal punto que a aquellos miembros de la comunidad que contravenían ciertas obligaciones se les castigaba con la prohibición de aparecer en los lugares públicos y hasta con el exilio. Es decir, se les decretaba una verdadera muerte social.

Entre los derechos políticos del ciudadano ateniense, cabe señalar el de asistir a las sesiones de la Asamblea y el de votar las decisiones adoptadas. Asi­mismo, el ciudadano tenía la posibilidad de ser investido para el cargo de magistrado, legislador o jurado.

Respecto a las obligaciones, podemos resaltar las siguientes: pago de los impuestos, realización de un servicio militar, prohibición de casarse con los extranjeros, de malgastar el patrimonio económico o de olvidar los deberes para con sus familiares.

La ciudad romana: ciudadanía cosmopolita

El alcance de la ciudadanía en Roma fue variando en función de la forma de gobierno imperante en cada momento histórico:

·En el período republicano, la ciudadanía fue adquiriendo ciertos derechos políticos que, aunque limitados, permitieron que los plebeyos se reuniesen en comicios para elegir ciertos magistrados de entre los representantes de la oligarquía1y votar algunas leyes que, excepcionalmente, tenían carácter revolucionario.

No obstante, las votaciones no se realizaban según la regla de «un indivi­duo, un voto», con lo que la consecución de la mayoría, en muchas situa­ciones, carecía de eficacia.

·En la época imperial, sin embargo, la ciudadanía se entendió, fundamental­mente, como una condición imprescindible para lograr el ascenso social, por lo que tendía a ser considerada como una situación personal propicia­da por privilegios e inmunidades.

1.2. La ciudadanía en la Edad Media

Tras la desaparición del Imperio romano de Occidente (s.vd. C.), en Europa hubo un largo período de fragmentaciones e intentos de reunifica­ción política. Aunque estos trataban de mantener el ideal de una comunidad unida, el surgimiento de los distintos reinos cristianos fue la base principal del posterior nacimiento de los Estados modernos.

El sistema político-social medieval se estructura en un conjunto de institu­ciones ordenadas jerárquicamente en torno a un único centro. Dicho orden iba desde la familia, como base mínima de la organización, hasta la cabeza universal del papa y del emperador. Entre ambos extremos se encontraban las aldeas, las ciudades y los reinos.

La ciudadanía fragmentada

El fin del mundo antiguo trajo consigo una transformación profunda de la idea de ciudadanía. A partir de ese momento se hizo fuerte el orden de la filiación pilar principal de la organización feudal, de la desigualdad esta­mental y de la tensa coexistencia del poder regio y del poder religioso.

La comunidad como un cuerpo

El lugar que cada individuo ocupaba en la sociedad medieval venía señala­do por el nacimiento. Pero a diferencia de la ciudad antigua, en donde los jefes de familia participaban como ciudadanos iguales, en esta etapa los cabe­za de familia no son iguales entre sí, sino que forman parte de un orden jerár­quico que comienza en el campesino y culmina en el rey.

En este orden de filiación no cabe hablar de espacio público, a cuya perte­nencia se debe el hecho de ser ciudadano, pues lo único realmente público es la persona del rey. La comunidad política es entendida como un cuerpo, cuya cabeza es el monarca, y donde el todo está presente en cada parte. De esta manera, se produce una doble subordinación: de unas partes respecto de otras, y de todas y cada una de ellas con respecto al todo, cuya representación se plasma en el rey.

Súbdito: problemática dualidad

Entre ser ciudadano y súbdito no se percibía ninguna contradicción, ya que un individuo podía ser, a la vez, miembro de una sociedad a la que pertenecía estamentalmente por nacimiento y súbdito sometido a la autoridad de un rey, cuya legitimidad le venía por herencia divina.

El súbdito medieval es, paradójicamente, un ser incorporado a una comu­nidad dual: la sociedad feudal y la Iglesia. El individuo no es aún valorado por su identidad propia y su autonomía personal, sino en función de su perte­nencia a una comunidad concreta, bien como súbdito o bien como fiel.

Los albores medievales del sujeto político

El individuo comienza poco a poco a aparecer —de modo muy limitado— en la organización social y política de la Edad Media, a pesar de que su liber­tad y sus derechos corresponden al grupo al que pertenece.

Como signos de tal aparición cabe mencionar que la relación de vasallaje adopta cierta forma de contrato, lo cual implica un compromiso mutuo entre las partes, si bien la balanza entre derechos y obligaciones no se ajusta a crite­rios estrictos de igualdad. Asimismo, se promulgan ciertos decretos reales en los que, esporádicamente, se reconocen derechos y en los que se limitan par­cialmente obligaciones de los particulares en relación con los reyes. Entre estos decretos destaca la Carta Magna inglesa (s. xiii).

Por otra parte, los enfrentamientos habidos durante la Baja Edad Media entre el emperador y el papa dieron por finalizados los intentos de recrear una comunidad universal, bien por vía imperial o por vía eclesial.

1.3. La ciudadanía en el mundo moderno

La quiebra de la unidad política y religiosa de Europa hizo aparecer la ins­titución de los reinos. Se sentaron así las bases de la soberanía del Estado moderno, según la cual no se reconoce ninguna autoridad externa o interna, temporal o espiritual por encima del rey.

Con estas bases se iniciaba un largo proceso, en el que se fue forjando un concepto de ciudadanía claramente diferente al de épocas anteriores. El reco­rrido de este desarrollo puede dividirse en dos grandes etapas:

Etapa predemocrática: abarca hasta el siglo xviii. Se caracteriza por el pre­dominio del absolutismo.

0 Etapa democrática: se inicia con las revoluciones de finales del siglo xviii en EE UU y Francia.

La ciudadanía en el absolutismo

Con el absolutismo, el ejercicio de la potestad, es decir, el vínculo entre la autoridad política suprema y los individuos que forman parte del Estado se hace más directo, pues se produce una concentración de la autoridad y la supre­sión de los poderes estamentales intermedios. Esto no significó, sin embargo, una vida pública y privada acorde con el ejercicio de los derechos y libertades.

Al contrario, en un Estado absolutista la condición de súbdito eclipsaba cada vez más la figura del ciudadano. Es más, la concepción absolutista del poder considera que la autoridad proviene directamente de Dios y no reside en el intermediario entre Dios y la comunidad. De ahí que desaparezca el derecho a la disidencia, pues los ciudadanos quedan reducidos a súbditos que solo obedecen.

Las primeras reacciones antiabsolutistas

Por influencia del humanismorenacentista, surge una ola de oposición al absolutismo que reivindica un espacio jurídico de tolerancia. Ello será el comienzo de una larga lucha en favor del reconocimiento de las libertades. La aceptación de la libertad individual, como previa a la condición social, será la base de las ideas filosóficas de una concepción democrática de la ciudadanía que se abrirá paso, definitivamente, con el estallido de las revoluciones del siglo XVIII.

La desaparición de los estamentos y la aparición de parlamentos representativos facilitaron nuevos avances: el reconocimiento por medio de pactos pri­vados sería sustituido por el derecho público, que cada vez más se percibía como la expresión de la soberanía del pueblo.

En los documentos públicos acordados durante los siglos xvi y xvii, en los que se reconocen los dere­chos bajo el principio de generalidad de los ciudada­nos, se expresa el cambio político producido por la reivindicación de la libertad de creencias frente a los abusos del absolutismo.

Este reconocimiento no depende ya de la cos­tumbre o de la tradición, sino del argumento racio­nal según el cual tales derechos son propios de la naturaleza humana; es decir, los seres humanos, por el mero hecho de serlo, se consideran iguales en dignidad.

Ciudadanía y revolución ilustrada

El inicio de una concepción de la ciudadanía tiene sus raíces más profun­das en el pensamiento de autores como F. Vitoria y F. Suárez, representantes de la escolástica española que hablaban del derecho de gentes y del derecho natural.

El pensamiento generado por las obras ilustradas de Locke y Montesquieu sirvió de base a la concepción democrática de la ciudadanía, presente en las declaraciones americana y francesa del siglo xviii. Igualmente, queda plasmada en las que tuvieron lugar a lo largo del proceso de universalización de los dere­chos humanos, durante los siglos xix y XX.

En América del Norte, dos documentos del año 1776 resaltan como funda­dores del nuevo ideal de ciudadanía: la Declaración de derechos del buen pueblo de Virginia y la Declaración de independencia de los Estados Unidos. En el año 1789, se proclama en Francia la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciu­dadano, que dos años más tarde sería incorporada, como encabezamiento o preámbulo, a la Constitución. En este documento se reconoce la libre comuni­cación de pensamiento como pilar fundamental de la ciudadanía.

La configuración democrática de la ciudadanía

La construcción de la ciudadanía desde el siglo xix fue realizada a través del reconocimiento gradual de los derechos individuales o civiles, políticos, eco­nómicos y sociales, culturales, medioambientales, etc.

La constitucionalizaciónde los derechos ha plasmado las buenas inten­ciones en normas jurídicas que, si bien no poseen por sí mismas eficacia prác­tica, sí, al menos, garantizan el cumplimiento real de los derechos y libertades.

El desarrollo del concepto de ciudadanía deberá tener como base la digni­dady los derechos propios de la persona. De esta forma, el libre desarrollo de los individuos, el respeto mutuo de los derechos y la participación en la creación y cumplimiento de las leyes se realizarán en condiciones de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.

Además de la constitucionalización estatal de la ciudadanía democrática, se ha ido produciendo, a lo largo del siglo xx, una internacionalización del reco­nocimiento de los derechos fundamentales a través de documentos aprobados por organismos internacionales. Esto hace que el concepto de ciudadanía nacional se esté modificando, especialmente desde la última década, gracias a una idea global de ciudadano.

La consolidación de la idea democrática de la ciudadanía no fue ni ha sido uniforme ni continuada, sino que ha encontrado siempre fuertes resistencias en las variadas formas de dictadura, autoritarismo y totalitarismo.

2 Fundamentos de la ciudadanía

La ciudadanía es presentada, a menudo, como un problema político y jurídico. Sin embargo, su construcción no hubiese sido posible sin el concurso activo de la reflexión filosófica. La filosofía ha tratado, en última instancia, de fijar el sentido de la ciudada­nía, señalando las exigencias éticas relacionadas con la coexisten­cia social y con la convivencia política. Para ello, se han planteado cuestiones como:

·¿Cuáles son las condiciones que hacen posible la sociedad humana

··¿Qué relación se debe establecer entre lo individual y lo colec­tivo, la libertad y la igualdad, lo local y lo universal, la identi­dad propia y la ajena?

··¿Qué actitudes y conductas son las que corresponden a un buen ciudadano?

El intento filosófico de fundamentar la concepción democrática de la ciudadanía consiste en justificar los derechos y libertades a los que se vin­cula la existencia humana en comunidad. En este sentido, la fundamentación de la ciudadanía supone la clarificación de qué son los derechos humanos.

2.1. Estado nacional y ciudadanía

La conciencia nacional de pertenencia surge cuando la clasificación esta­mental entra en crisis. En efecto, si durante el período medieval los estamentos eran la nación frente a la soberanía del rey, a partir de la Revolución francesa la nación se convierte en la base de la soberanía estatal.

La nación es concebida como una nación de ciudadanos y no como una comunidad étnica. La identidad de sus miembros se forja, más que con notas culturales, por medio de una acción común de quienes tienen la voluntad de ejercitar los derechos relacionados directamente con la participación y la comunicación políticas.

2.2. Ciudadano moderno, ciudadano autónomo

El concepto moderno de ciudadanía, en su versión democrática, se desarro­lla a partir de la valoración que se hace de la soberanía popular en las filosofías de Rousseau y Kant. La soberanía popular no se define como una limitación del poder del rey, sino como el poder en tanto capacidad de autolegislación que poseen todos los miembros de una comunidad política.

La autonomía compartida

Ejercer la autonomía1 implica que se plasme en una Constitución el mutuo reconocimiento como ciudadanos. Esta declara y protege la participación y la comunicación como pilares principales de la convivencia. La ciudadanía con­siste, así, no solo en la pertenencia a un Estado sino, fundamentalmente, en el estatus de cada miembro de la comunidad en relación con sus derechos y deberes constitucionales.

Este concepto de ciudadanía puede comprenderse de dos formas diferentes:

·Individualista, si la ciudadanía es pensada en relación con el lugar y la fun­ción política de los miembros del Estado.

·Comunitaria, si la cuestión es percibida con referencia al problema de la voluntad popular.

En cualquier caso, que los miembros de una comunidad política sean comprendidos como ciudadanos exige que la capacidad de autolegislación no se realice de modo aislado. La participación y la comunicación del ciu­dadano no ha de consistir en pensar exclusivamente como un «yo», sino también como un «nosotros». Se es siempre, y a la vez, ciudadano y conciu­dadano.

¿Se puede obligar ilegalmente a participar?

En un Estado democrático, las intenciones o motivos que estimulan el ejercicio de la ciudadanía no pueden ser objeto de obligación legal, pues de otro modo estaríamos hablando de un Estado totalitario. A los ciudadanos, por ejemplo, no se les debe obligar a sindicarse, a asociarse, a militar en un parti­do o a manifestarse en la calle. Hacerse visible y audible es condición esencial para la construcción de la ciudadanía, pero no es aceptable su obligatoriedad.

Sin embargo, esto significa que la educación para el ejerci­cio de dicha ciudadanía sea fundamental si se quiere despertar en los miembros de la comunidad unas intenciones y unas actitudes que les habitúen a ejercer como ciudadanos libres, iguales y justos.

2.3. Derechos humanos y ciudadanía

El concepto que se tenga de ciudadanía ayuda a determinar qué tipo de relación es la que existe entre los gobernantes y los gobernados, dado que dicho concepto se encuentra esencialmente unido a la idea de autoridady de poder y, por tanto, al tipo de legitimidad, ámbitos de actuación y límites que se conceden al poder político.

En este sentido, las distintas formas de vida democráticas basan su legitima­ción en los derechos humanos. Estos derechos definen las políticas concretas a aplicar y establecen los límites del poder político. Constituyen, en definitiva* un punto de referencia tanto para la ciudadanía como para el poder política.

Fundamentación de los derechos humanos

Al menos sobre el papel, los derechos humanos gozan de una aceptación prácticamente generalizada e, incluso, parece que existe un acuerdo bastante amplio respecto de cuáles son tales derechos.

Sin embargo, a la hora de señalar su naturaleza, es decir, aquello que los define, y su fundamento, o sea, aquello que los justifica, el acuerdo desapare­ce y la controversia saca a la luz algo inevitable: la ambivalencia, la incertidumbre y la provisionalidad de la construcción democrática de los derechos humanos y, por tanto, de la construcción de la idea de ciudadanía que les acompaña.

Al igual que los derechos humanos son denominados de distinto modo (naturales, fundamentales, subjetivos, individuales o públicos), también la fundamentación que se ofrece de los mismos es plural.

Críticas de los derechos humanos

Es importante conocer las críticas que se dirigen a estos derechos y valorar de ellas qué puede asumirse y qué rechazarse con vistas a una democratización de la ciudadanía. Ade­más, cuando, a la hora de satisfacerlos, algu­nos derechos entran en colisión con otros (por ejemplo, la libertad de expresión y el derecho a la intimidad), no siempre está claro cuál debe prevalecer sobre los demás en una situación concreta.

De ahí que la capacidad de pensar y juzgar en estos casos aparezca como una de las facul­tades básicas de un ciudadano democrático. Este ha de ser consciente de que los derechos humanos son imprescriptibles inaliena­bles, irrenunciablesy universales. Pero esa conciencia también debe exten­derse a la existencia de los límites o restricciones que legítimamente acotan el ejercicio de tales derechos: los derechos humanos no deben usarse para justifi­car políticas contrarias a los mismos.

Durante años, los derechos humanos fueron declarados ideológicos, abs­tractos y tendentes a mantener una correlación de fuerzas política y social basada en relaciones de dominación económica. Esta crítica ha ido perdiendo fuerza, pero ello no ha impedido la aparición de nuevas posiciones críticas apoyadas en otros argumentos.

2.4. Subjetividad y moralidad ciudadana

Los seres humanos, como miembros de una comunidad, per­ciben el ideal de la buena ciudad o del buen gobierno en íntima relación con el del buen ciudadano. Por este motivo, la concep­ción de la moral pública sobre la ciudadanía debe estar unida a la idea del individuo como sujeto activo y autónomo.

El sujeto de la ciudadanía

El ciudadano de hoy, sujeto activo y autónomo, debe reunir las siguientes características:

·Ser un sujeto activo, es decir, capaz de crear y afrontar sus pro­pios problemas, y no un sujeto pasivo al que le sobrevienen las dificultades.

·Ser un sujeto reflexivo, capaz de tomar la distancia adecuada para percibir las cuestiones planteadas en sus justos términos y discernir lo que es relevante de lo que no lo es. Así, podrá decidir qué soluciones deben aplicarse, dada la existencia de un autoproyecto de vida en común.

·Ser un sujeto con un alto grado de confianza y de responsa­bilidad, abierto y no cerrado a los demás, que se preocupa y se hace cargo de ellos.

·Ser un sujeto que crea las condiciones para que se presupon­gan, de forma no ingenua, la veracidad y la sinceridad en los distintos contactos, acuerdos o relaciones que se establezcan entre los ciudadanos.

·Ser un sujeto activo y participativo, que hace uso de todas las posibilidades que, como ciudadano, se le presentan, y de todos los recursos que tiene a su alcance para velar por sus intereses y los de la colectividad.

Ética ciudadana y virtudes cívicas

Nuestra sociedad es una sociedad compleja. Los ciudadanos se encuentran inmersos en una variedad de esferas y dinámicas sociales que siguen su propia lógica de funcionamiento y de evo­lución.

Esto quiere decir que ser ciudadano supone habitar espacios públicos llenos de diversas identidades, vínculos e historias, que lo ligan estre­chamente a otros ciudadanos y a diferentes sectores de la realidad social.

La consecuencia inmediata es que el ciudadano no es un mero consumidor de derechos y deberes, sino alguien que debe comprometerse a dar argumen­tos que justifiquen los principios de sus decisiones.

Los valores de la ciudadanía

Las virtudes cívicas están íntimamente relacionadas con los valores, los cuales trascienden las creencias religiosas, los intereses particulares, los retos profesionales, las aficiones y las preferencias deportivas, culturales y de todo tipo. Estos valores son del individuo en tanto que conciudadano que compar­te un espacio público.

Sin embargo, ¿qué valores son aquellos sobre los que nos podemos poner todos de acuerdo? ¿Qué bienes comunes permiten alcanzar unas condiciones de bienestar que conduzcan a conseguir una vida buena para todos los miem­bros de la comunidad?

Para contestar estas preguntas, los ciudadanos debaten y deliberan sobre si las instituciones comunes (que son las que deben proporcionar los medios son justas o no, y para ello hacen referencia principalmente a tres valores: la vida buena, la libertad y la igualdad.

Sobre el significado de cada uno de estos valores se produce un debate basado en dos principios rectores de la vida en común de los ciudadanos, a saber: la igual libertad para todos y la igualdad de oportunidades para todos. Para que dicho debate se lleve a cabo, el discurso racional resulta ser el procedimiento más apropiado.

Las virtudes cívicas

Todos los ciudadanos deben poseer unas determinadas virtudes cívicas para poder llevar una vida democrática. Dichas virtudes, que están íntimamen­te relacionadas con los valores democráticos, son las siguientes: tolerancia radical, respeto y reconocimiento; valentía cívica; solidaridad; prudencia, par­ticipación, capacidad de juicio y memoria compasiva.

– Tolerancia radical, respeto y reconocimiento. La tolerancia es uno de los supuestos de la libertad, que consiste en dejar hacer, y sin el cual no es posible hablar de política democrática. Por su parte, el respeto y el recono­cimiento aportan un tono más complejo y profundo a la vida en común: las formas de vida distintas de las establecidas son percibidas como dignas de interés, aunque no vivamos dentro de esos parámetros.

El respeto añade, por consiguiente, un matiz positivo, y las per­sonas que lo practican lucharán a favor del reconocimiento. Por esta razón, los ciudadanos no deben conformarse con una tolerancia que se limite a decir que la vida de los demás «no es asunto mío», sino que han de ir más allá: sentirse afectados y considerar de su incumbencia la lucha por el reconocimiento de lo diferente.

– La valentía cívica. Consiste en pronunciarse a favor de una cau­sa justa. El buen ciudadano no debe ser una buena persona que guarda silencio. Así como la tolerancia necesita del respeto activo, la bondad personal ha de completarse con una comuni­cación activa. Precisa de la formación de una opinión que ha de ser lo más correcta posible, y ha de practicarse, incluso, en aquellos casos en los que el ciudadano se encuentre en clara desventaja o, en apariencia, tenga todas las de perder.

Esta virtud conlleva el riesgo de perder una buena posición, de que le expulsen a uno de una organización, de que los demás hagan lo posible por dejarle aislado y ello le haga la vida si no imposible, sí bastante difícil. Por estas razones, va acompañada de una gran dosis de pasión y de convicción democrática.

– La solidaridad. Esta virtud muestra la dispo­nibilidad a plasmar el sentimiento de frater­nidad humana mostrándose a favor de quie­nes luchan por aminorar o eliminar los niveles de opresión que existen en las insti­tuciones sociales, políticas y económicas.

Así definida, la solidaridad no supone, en ningún caso, un apoyo incondicional al gru­po al que se pertenece, sino más bien lo contrario. El ciudadano que la practica sabe que es preciso superar la particularidad del grupo. Esto es así cuando, de verdad, se bus­ca que quienes actúan para reducir el domi­nio y la violencia puedan ver ampliado el espacio público de la libertad y que, por tanto, las oportunidades de una vida buena no solo sean para ellos mismos.

En la solidaridad grupal no se admite una idea de universalidad bajo la cual nadie quede marginado. Al contrario, la inclusión de lo marginal no funciona como apoyo fundamental en la construcción de una sociedad cohesionada de forma solidaria.

-La prudencia. Es la virtud que se moviliza en la aplicación de la norma. Antes de comprometerse en la acción, hay que descubrir qué norma se apli­ca a un caso concreto y de qué modo la acción puede llevarse mejor a cabo. Se ejercita, por tanto, capacidad de juicio, pues habrá casos en los que la inexistencia de normas generales obligue a extraer una norma de conducta de la propia situación o circunstancia.

La participación. Es la virtud propia de aquellos ciudadanos que se muestran dispuestos a colaborar o que forman parte activa del discurso racional públi­co. A ella se llega por el convencimiento de que en las comunidades demo­cráticas ninguno de sus miembros, por sí solo, puede decidir qué normas son buenas, ni determinar lo justas que puedan estar siendo las instituciones.

– La capacidad de juzgar. La valentía cívica y la solidaridad pueden pervertir­se en causas erróneas y perder su objetivo si se desentienden de la justicia y de la verdad. La facultad de emitir juicios críticos ha de hacerse de modo que la opinión sea justa, es decir, que sobre la base de una correcta información se valore bien según las circunstancias.

·La memoria compasiva. La afectación por el sufrimiento padecido en el pasado ha de servir para dotar de experiencia crítica a la construcción de la actualidad.

Una ciudadanía democrática no debe ser autocomplaciente, sino forjarse en la autoconciencia de las injusticias en las que, posible o ciertamente, se ha apoyado su edificación.

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